Remitidos al Fiscal los expedientes de 30 policías por si hubieran incurrido en delito. El PRC pedirá una reunión extraordinaria de la Junta Municipal de Portavoces. El secretario de USO advierte: Tomamos nota de lo que está pasando. Los expedientes de los 30 policías locales que están incursos en una denuncia por haber entrado en el Ayuntamiento el pasado día 4 de agosto, haciendo sonar silbatos, lo que conllevó el desalojo y cierre del Palacio municipal, están siendo remitidos a la Fiscalía por si su actuación pudiera ser constitutiva de un delito de desorden público. Los primeros expedientes les han llegado a los agentes pertenecientes a la APL (Asociación de Policías Locales) y no aún (al menos ayer) a los adscritos a la central USO; ambos sindicatos están en conflicto laboral. Si la Fiscalía no ve delito alguno en la actuación de estos agentes, devolverá los expedientes al Ayuntamiento que seguiría la vía administrativa. Éste fue uno de los asuntos tratados ayer en la reunión que mantuvieron representantes sindicales de los agentes, y concejales del PRC y ACPT. Hoy se reunirán, a las doce y media, con el Partido Popular. El PRC, nuevamente, expresó su opinión de que, tanto la orden de desalojo del Ayuntamiento, como la incoación de los expedientes son respuestas desmesuradas y represivas, una especie de huida hacia adelante, manifestó el edil Pedro García Carmona (PRC), criterio igualmente compartido por la concejal Esther García. Uno de los acuerdos alcanzados ayer, y cuya iniciativa también se ha trasladado al PP, es que se rescate el espíritu de la moción que los tres grupos de la oposición llevaron a un Pleno del 27 de junio pasado, pidiendo que el diálogo sustituyera las medidas coercitivas y se aminorará la tensión que, desde hace seis meses, mantienen un sector de los policías con la Alcaldía, pidiendo mejoras económicas y de medios para realizar su trabajo policial. El secretario general de USO, Justino Sánchez Gil, que acompañó a los agentes en la reunión de ayer, se mostró convencido de que «existe una persecución sindical que tiene a USO en su objetivo» y no ocultó su preocupación «por la deriva que están tomando los acontecimientos en los que el equipo de Gobierno ha llevado un asunto meramente laboral a una crisis general, más amplia, que se está descontrolando y que es peligrosa», advirtió el líder sindical. Sobre los expedientes abiertos a los policías, los tachó de «medida coercitiva, con muy poco recorrido político» y sentenció que «nuestro sindicato toma nota de lo que está pasando, de cómo los dos líderes de USO en la policía, Rafael Musy y José Antonio Cobo Villalba, tienen los expedientes más graves sin ningún motivo». El caso de Rafael Musy El expediente abierto a Rafael Musy (USO), aún siendo el más serio, no será trasladado a la Fiscalía porque no participó en la protesta policial ya que aquel día (el 4 de agosto) estaba destinado al servicio de puertas del Ayuntamiento (su destino habitual es el edificio de Urbanismo) por lo que sus presuntos hechos punibles son de carácter administrativo. Musy de la Fuente recibió la orden del concejal de Obras de identificar a sus compañeros que entraban en el Ayuntamiento, lo que no hizo. Puede enfrentarse a una suspensión de empleo y sueldo de hasta seis años. PRC cuestionó si cualquier concejal puede dar una orden a un policía o ha de seguirse una cadena de mando. Texto y Foto tomado del Periódico"El Diario Montañes".
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